Todos a Sevilla el 20-E contra la corrupción

Publicado por jxls en

Sevilla 20E: La verdad

Todos a Sevilla el 20-E contra la corrupción

Sevilla 20E: La verdad. La Asociación Justicia por la sanidad ha convocado una manifestación el próximo día 20 de enero en Sevilla contra la corrupción sanitaria, política y judicial. Una manifestación que se convoca tras la negativa de las autoridades a autorizar la misma convocatoria el pasado día 1 de diciembre de 2018, el día previo a las elecciones andaluzas que alejó del trono de la Junta de Andalucía a Susana Díaz. Por ello, a día de hoy, ya ha dejado de ser una manifestación más de las que se hacen en Andalucía y se convierte en una demanda al nuevo gobierno andaluz sobre la corrupción que atañe a la sociedad andaluza.

VIDEOS Sevilla 20E: La verdad en directo.

ESTO PASO EN SEVILLA EL 20/01/2019

Cierre de la Manifestación Discurso Final en Sevilla 20E: La verdad

Y SALIMOS EN LAS NOTICIAS DE LA T.V.E. POR FIN !!!

Los recortes y la corrupción sanitaria.

Andalucía tiene el menor gasto sanitario por habitante de toda España, tan solo 1.169 euros por habitante, un 20% menos que la media nacional. Muy lejos de lo que invierte el País Vasco con 1.733 euros por habitante. Además, mientras Euskadi ha aumentado su gasto sanitario por habitante desde 2007 un 11%, Andalucía en este periodo ha reducido la cifra un 3%. Los recortes aplicados por la Junta de Andalucía son los responsables de dicha reducción, sobre todo los que se ejercieron entre el Gobierno del PSOE y de Izquierda Unidad en el primer gobierno de Susana Díaz.

EXCESO DE GASTO SANITARIO

Así, conviene recordar que en 2008 el año de la crisis que afectó a todo el país, el gasto sanitario en Andalucía alcanzaba los 10.307 millones de euros mientras que en el año 2014 alcanzó tan solo los 8.737 millones de euros. Estas cifras nos indican que se recortaron o se dejaron de invertir en sanidad durante estos 6 años 1.570 millones de euros. (Recuerden que el dinero defraudado con los ERE fue de 721 millones de euros). El tajo que se le pegó entonces a la joya de la corona de Susana Díaz provocó todos y cada uno de los problemas que desde entonces arrastra la sanidad andaluza y que la han convertido en una sanidad Low Cost.

LA CRISIS COMO EXCUSA

La excusa de la crisis ha servido para empeorar el sistema sanitario público andaluz desde 2008, un deterioro que ya ha sido aprovechado por los empresarios y compañías de seguros de la sanidad privada que ya reclaman su trozo del negocio del pastel de la sanidad pública con la excusa, esta vez, de reducir las listas de espera de la sanidad pública. Los recortes en materia de personal han sufrido una disminución general, y se han traducido en la destrucción de 7.265 puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), especialmente en las provincias de Málaga y Sevilla.

JUGOSOS REPARTOS DE PRODUCTIVIDAD

El gobierno de Susana Díaz ha estado obsesionados los años de la crisis económica con los recortes de la sanidad, con el objetivo final claro de quien pueda pagarse la sanidad privada que se vaya de la pública. Además, la fusión hospitalaria que nos vendieron desde la Junta de Andalucía no era más que una forma de ahorrar, pero no era una forma de gestionar la salud de los andaluces. Gracias a las fusiones las listas de espera se dispararon por toda la región, mientras los responsables sanitarios no eran capaces de dar solución alguna, mientras se repartían jugosas productividades entre ellos.

Nuestro sistema sanitario hoy está en grave peligro. Están dándose todos elementos para la tormenta perfecta. Los recortes y la falta de inversiones dejan muy tocada a la sanidad pública y va a provocar un quebranto a corto plazo del sistema sanitario público ya que, al tener menos recursos, unido al envejecimiento de la población, el sistema dentro de unos años entrará en quiebra, y lo peor de todo esto es que se lo ha llevado a la quiebra de manera intencionada por la falta de liquidez y de inversiones necesarias.

Sevilla 20E: La verdad, sobre las listas de espera

Como decía la Memoria del Defensor del Paciente, las listas de espera son un símbolo de desigualdad en salud, entre ciudadanos y clases sociales de distintos territorios, puesto que dependiendo de la zona geográfica donde residamos contamos con unos derechos u otros. La brecha en sanidad entre la población se abre cada vez más. Los que pueden pagarse un seguro privado de sanidad huyen de las listas de espera de la pública, y dejan que los que menos recursos tienen se queden atendidos por una sanidad que cada vez más se parece a una sanidad de beneficencia.

Retraso de 6 Meses en la información, Sevilla 20E: La verdad

En Andalucía, ha habido que esperar a las elecciones para que el SAS publicará, con seis meses de retraso los datos sobre las listas de espera en Andalucía. Y los datos nos indican el empeoramiento que ha sufrido la atención sanitaria en Andalucía. Según los datos publicados, en Andalucía aumentan las personas a la espera de una operación este año son 71.868 frente a las 69.005 del pasado año, más gente aguardando una consulta externa en 2018 son 222.962 y en 2017 eran 206.765 y más andaluces a la espera de una prueba diagnóstica (41.425 este año por los 31.254 del pasado año.

Los peores datos, como ha publicado la Dra. Socorro Ricoy de la Asociación Justicia por la Sanidad,se dan en Granada, donde según los datos de la Consejería de Salud, 11.469 granadinos están a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente (un 22,3% más que el año pasado), a la espera de una primera cita para el especialista 26.657 personas y a la espera de realizarse una prueba diagnóstica 10.490 personas. La grave situación de las listas de espera en Granada se centra en los dos hospitales de la capital, que, en 2015, 2016 y 2017 se gestionaban conjuntamente en el engendro que se llamó fusión hospitalaria, englobados en lo que se conoció como Complejo Hospitalario de Granada.

La corrupción política. Sevilla 20E: La verdad

En octubre de 2018 el periodista Antonio R. Vega indicaba en un artículo que “el traje de la corrupción en Andalucía es de talla XXL. Tan gigante como el tamaño de su Administración y entramados paralelos, la mayor empresa de la Comunidad…ERE, Invercaria, Avales, Facturas falsas de UGT, Marismas, Delphi, Bahía Competitiva, Faffe… El goteo de casos que investigan los juzgados andaluces es incesante. La mayoría son causas clasificadas como complejas, que llevan años instruyéndose”.

“El quebranto que causan estos fraudes supera con creces la catadura moral de algunos de sus protagonistas. El dinero público bajo la lupa de los jueces alcanza la asombrosa cifra de 4.940 millones de euros. Es la mitad del presupuesto anual que maneja la sanidad andaluza (9.809 millones de euros), fondos que en su mayor parte acaban en las alcantarillas del poder”.

En cuanto a los casos de corrupción en Andalucía hacemos un recordatorio de estos:

El Caso del Chalé de Escuredo. Surgió en 1984 para laminar al entonces presidente Rafael Escuredo, quien inventó lo del “nacionalismo de clase” para atraer el voto y a las bases electorales del entonces Partido Socialista Andaluz (PSA) de Alejandro Rojas Marcos. Pero Felipe González no iba a dejar crecer este movimiento en el Sur.

Todo empezó cuando el grupo Prisa publicó un reportaje sobre el chalé que Escuredo y su esposa, la diputada Ana María Ruiz Tagle, se habían construido en el Aljarafe sevillano. Para conseguir la caída del expresidente se filtró que una conocida empresa estaba edificándole un chalé como supuesto “pago de favores”. La dimisión de Escuredo, asqueado y humillado, no se hizo esperar y puso fin a su carrera política.

El Caso Edificio Presidente. Acaecido en 1986 con el Edificio Presidente en el barrio sevillano de los Remedios, donde la Junta de Andalucía pagó mil millones de pesetas de la época por encima del precio de mercado. Pero también conviene reconocer que con una mayoría parlamentaria absoluta el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, permitió la apertura de una comisión de investigación en el parlamento de Andalucía.

El Caso Costa Doñana que estalló en 1988 denunciado por IU y que era un proyecto de construcción de una urbanización de seis kilómetros con 32.000 plazas hoteleras y campo de golf en la duna fósil de El Asperillo. Mas tarde se demostró que fue un caso de especulación urbanística con tráfico de influencias, y en el que resultaron implicados Jacinto Pellón, el hacedor de la Expo 92 gracias a Felipe González, Jesús Bores, amigo del presidente y Francisco Palomino, su cuñado, además de un consejero del entonces presidente José Rodríguez de la Borbolla, Jaime Montaner Roselló.

Hace unos días hemos sabido que la valoración de la Junta de Andalucía ofrece a los propietarios para estos terrenos situados entre Mazagón y Matalascañas es de cuatro millones de euros para terminar con los intereses de construcción del litoral cercano al Asperillo, además, afectado por un monumental incendio el pasado año. Pero los propietarios de estas 700 hectáreas quieren 20 millones de euros. Además, para enmarañar mas la cuestión, los propietarios denuncian que la Junta no les paga en dinero, sino en terrenos.

El Caso de la creación de la RTVA. El proceso de creación de la RTVA también fue escandaloso por tres motivos. Primero, porque se metió a dedo a la gente afín al PSOE, según confesión propia de los dirigentes, y de su entonces director general, Salvador Domínguez, ese que se presentó en una Comisión Parlamentaria diciendo “vengo chungo de papeles”. Segundo, porque se desviaron miles de millones de pesetas públicas que fueron a parar a las productoras amigas del PSOE. Tercero, porque el descubrimiento de la mala gestión, el trapicheo y el traspaso de dinero público llevo a la dimisión del director general de la RTVA y del director general de Canal Sur TV, Francisco Cervantes Bolaños.

El Caso Juan Guerra estallaba en enero de 1990 y versaba sobre la utilización indebida de un despacho oficial situado en la Delegación de Gobierno en Andalucía desde el que Juan Guerra, además de servir de asistente de su hermano Alfonso, organizaba y diseñaba sus negocios privados. Un caso que obligaba, un año después del escándalo, a dimitir de vicepresidente del gobierno a entonces todopoderoso Alfonso Guerra. El resultado de su descabalgue fue la orden de Felipe González de liquidar a Guerra y al guerrismo a través de los llamados “renovadores”.

El Caso Ollero los hechos se remontan a julio de 1992, cuando la Policía detuvo a Jorge Ollero, hermano del director general de Carreteras, Manuel Ollero, con un maletín con 22 millones de pesetas fruto de una supuesta comisión ilegal por la adjudicación de obras de la Junta en el tramo Las Pedrizas-Salinas de la A-92 en la provincia de Málaga. El juicio que se celebró en 1999, condenó, en sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en 2001, a los hermanos Ollero y a los representantes de la constructora.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional decretó en noviembre de 2003 la nulidad como prueba de las escuchas grabadas a los imputados y ordenó la repetición del juicio, esta vez sin tener en consideración los pinchazos telefónicos. Tras este hecho, el caso Ollero quedó en nada tras 14 años. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla finalmente absolvió a los cuatro acusados.

El Caso Malaya un proceso histórico en nuestro país, ya que su investigación desembocó en la primera disolución de un Ayuntamiento en la historia de nuestra democracia y puso en el juzgado el mayor caso de corrupción urbanística municipal en España. Entre los 95 imputados, destacan el considerado cerebro de la trama y ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, que es el único que permanece en prisión, y los ex alcaldes de Marbella, Julián Múñoz (en la cárcel, pero por otros casos de corrupción) y Marisol Yagüe.

La magnitud del delito fueron 2.400 millones de euros blanqueados. La trama urbanística destapada en Marbella habría defraudado a las arcas municipales hasta 460 millones de euros. De esta gota malaya salieron poco a poco otras investigaciones que dieron origen a un total de 30 procedimientos, como el caso Blanqueo, el caso Saqueo, en dos partes, el caso Minutas, el caso Pantoja…. todos alrededor de la gestión de un ayuntamiento, el de Marbella, anegado por la corrupción y el blanqueo de capitales.

El Caso Estepona que llegó a contar con 107 imputados, supuestamente involucrados en la trama de corrupción que tuvo como epicentro el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Pero, tras una década de investigación, finalmente sólo 51 se van a sentar en el banquillo de los acusados, entre ellas el exalcalde socialista del municipio malagueño, Antonio Barrientos, para el que se pide diez años y nueve meses de prisión. El pasado mes de septiembre el juez de Instancia e Instrucción de Estepona acordaba el sobreseimiento de la causa para 39 imputados, en un asunto para el que aun no hay fecha para el juicio.

El exalcalde es considerado el cabecilla de la trama corrupta que expolió las arcas del Ayuntamiento de Estepona una cantidad que la fiscalía fija en 28 millones de euros. Junto al regidor, en la cúspide, estaba el líder del Partido Estepona, su socio de gobierno y de “una organización” cuyo negocio principal pasaba por comisiones, mordidas, tratos de favor y sobornos siempre vinculados a la gestión urbanística en la localidad.

El Caso Poniente Almería. Lleva diez años de investigación en la que la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y la multinacional Abengoa, habría retraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009. Una trama por el que el exalcalde Juan Enciso (PAL) y el exinterventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 64 años de prisión y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Según la acusación que la fiscalía elevó al Juzgado de Instrucción 2 de Almería indicaba que el saqueo de las arcas públicas se realizó “orquestando la creación” de una red de sociedades que se dedicaban a “subcontratar” con la empresa mixta Elsur con “una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública”.

El Caso MATSA. Dos meses y medio antes de dejar la Junta para ocupar su cargo de ministro en el gobierno de Zapatero, el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves (que no se abstuvo) aprobó una ayuda de más de 10,1 millones de euros para Minas de Aguas Teñidas (Matsau) de la que su hija Paula era representante legal desde noviembre 2008 para la supuesta construcción de una planta de tratamiento mineral.

Hace tan solo unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de fallar contra Matsa en una sentencia en la que condena a la empresa minera a devolver a la Junta el incentivo de 10,1 millones de euros más los intereses legales acumulados (podría rondar los 16 millones) por las irregularidades descubiertas en la concesión de la ayuda. La tesis del TSJA es que la Junta de Andalucía subvencionó un proyecto ya iniciado, algo totalmente prohibido por la ley.

El Caso ERE. El caso ha pasado de 4 golfos a cerca de 300 imputados. Este caso nace de las grabaciones a dos directivos de Merca Sevilla que exigían comisiones ilegales para una escuela de hostelería a cambio de ayudas de la Junta para formación. Luego se descubrieron intrusos en el ERE de Merca Sevilla que desembocó en el descubrimiento del fraude.

La fiscalía anticorrupción señaló en su escrito de acusación en la macrocausa de los ERE que Manuel Chaves como presidente de la Junta y José Antonio Griñán, además de cómo presidente, como consejero de Economía y Hacienda conocieron las irregularidades en el reparto millonario, opaco y arbitrario de las ayudas a empresas y trabajadores en crisis y no tomaron ninguna decisión para frenarlas en relación al reparto de subvenciones al margen de todo tipo de control o procedimiento reglado entre los años 2000 y 2010, a través de un sistema diseñado ex profeso y por el que se detrajeron de manera fraudulenta de los fondos públicos en torno a 741 millones de euros, según el cálculo realizado en su escrito de acusación por la Fiscalía, a través de las denominadas “transferencias de financiación” al Instituto de Fomento de Andalucía (que más tarde se transformó en la Agencia IDEA). Una herramienta que permitió que las subvenciones se distribuyeran y se abonaran eludiendo la fiscalización de la Intervención.

Tras un largo juicio, en la actualidad, mientras las defensas piden la absolución de sus clientes, el fiscal Anticorrupción solicita para el expresidente Manuel Chaves diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación, y para el expresidente Griñán mantiene su petición de condena a seis años de cárcel y a treinta de inhabilitación por delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

La Fiscalía pide ocho años de prisión y treinta de inhabilitación por un delito de malversación, y otro de prevaricación para diez ex altos cargos de la Junta de Andalucía: José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Además, pide seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 30 años por delitos de malversación y prevaricación para cinco encausados: José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Lourdes Medina y Jacinto Cañete. A estos dos últimos, ex-secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y exdirector general de la agencia IDEA.

También pide la fiscalía de 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el ex-viceconsejero José Salgueiro y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

El Caso Formación. Que se deriva en dos ramas, las ayudas para cursos para parados, por un lado, y las ayudas para cursos a parados con compromiso de contratación por otro, que se conoció como el Caso EDU. En total, el caudal de ayudas bajo sospecha estaría en torno a los 3.000 millones de euros entre 2007 y 2013. Aunque se ignora la cuantía total defraudada sólo la investigación judicial y policial determinará la misma. La Junta siempre ha puesto todos los palos que ha podido en la investigación y siempre ha negado la existencia de un fraude de esa magnitud.

En cuanto al caso EDU para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que realizó más de cien detenciones, los cursos sirvieron para la “compra de votos”, un caso de “clientelismo” que intuyó la juez Alaya y que puso de manifiesto en sus autos.

La corrupción judicial.

No existe una verdadera democracia si no existe justicia. Las instituciones del estado se están alejando peligrosamente de los límites marcados por la constitución hacia un limbo que beneficia a los partidos que las gobiernan, lo que ha provocado que hasta los propios ciudadanos empiecen a dudar de sus instituciones. El mercantilismo partidista para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial pone en entredicho la esencia de independencia de la Justicia. Y el culmen de la duda ciudadana de la independencia judicial llegó con la decapitación de la propia sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de los impuestos de las hipotecas.

Hemos asistido al asalto de la política a los jueces y fiscales. Muchos de ellos han sido nombrados senadores o diputados, otros ministros o altos cargos, incluso de alcaldes. Los propios partidos se vanagloriaban de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder judicial. Incluso se llega a hablar de magistrados progresistas y conservadores, para emular el sistema bipartidista de la política española. El caso del magistrado Marchena ha sido la gota que ha colmado el vaso.

El propio presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, manifestó en 2014 que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal estaba “pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador”. Lo que viene a equivaler que los legisladores no protegen a su propio pueblo y demuestra que la justicia nunca es igual para todos, depende de quién seas tú y de quiénes sean tus abogados, de cuánto les puedas pagar y de qué tribunal te toque en suerte.

El Consejo de Europa ha advertido en reiteradas ocasiones a España de que su sistema judicial está seriamente amenazado por la corrupción y por sus sospechosas conexiones con la política y el poder financiero. El toque de atención de las instituciones europeas llegó tras el informe sobre Percepción de la Corrupción elaborado por la agencia Transparency Internacional, según el cual España queda a la altura de países como Libia, Brasil y Turquía. El citado documento revela que dos Estados miembros de la Unión Europea, precisamente España y Hungría, figuran entre los países donde más ha empeorado la percepción de que los jueces y magistrados están contaminados por factores externos.

La resolución europea reconoce que está alarmada “porque la confianza pública en la integridad del Poder Judicial sigue siendo muy baja en una serie de Estados miembros, y que el Poder Judicial se percibe como una de las instituciones más corruptas en Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Georgia, Lituania, Moldavia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania y España”.

En cuanto al caso concreto de España, el Consejo de Europa advierte de que el sistema judicial es ya la tercera institución menos valorada y que el 51% de los encuestados reconocieron desconfiar de la misma. Si bien la Resolución valora los esfuerzos que nuestro país ha realizado en los últimos años, como la creación de organismos de lucha contra la corrupción, el Consejo muestra sus dudas sobre la eficacia de las medidas. “Los marcos legales actuales estudiados se consideran limitados, débiles o ineficaces en el caso de Albania, Armenia, Estonia, Georgia, Moldavia, Montenegro, Eslovaquia y España”.

Agradecer al trabajo que han realizado los voluntarios y colaboradores, aportando la organización y puntos de venta en sus establecimientos. podéis ver todo el listado de esto y de los aviones y autobuses fletados para el desplazamiento

Este articulo a sido escrito por antonio Barreda Vocal de la Asociación Justicia por la sanidad y publicado en el DEMÓCRATA LIBERAL 


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